Declaración Política del Seminario Internacional sobre Delito Político y Situación de los Presos Políticos en Colombia
Bogotá, Colombia, 15 de Octubre de 2014
Más de 600 personas de todo el país nos encontramos en la ciudad de Bogotá el 15 de octubre, Día Nacional del Preso y la Detenida Política, para reflexionar sobre los diálogos de paz, el delito político y la situación de los presos políticos en Colombia y el mundo. Como resultado de este Seminario, los familiares y amigos de los presos políticos provenientes de distintas regiones del país, reconocidos analistas e investigadores, así como defensores de derechos humanos de países como Argentina, Chile, País Vasco, Palestina y Venezuela, declaramos que:
La desigualdad social, la represión institucional, la falta de garantías para el ejercicio de los derechos fundamentales, la fragilidad de la democracia y la captura del Estado por parte de élites políticas corruptas y excluyentes, así como el despojo de tierras a campesinos, indígenas y afro-descendientes y la explotación de los recursos estratégicos de la nación por parte de las multinacionales con el apoyo de las fuerzas paramilitares, son las causas estructurales que han dado origen al conflicto social, político y armado que lleva más de 50 años en el país. En Colombia la población continúa padeciendo la violencia socio-política de un Estado que implementa varias formas para perseguir, reprimir y eliminar a la oposición, así como para criminalizar la protesta social y popular.
A pesar de que las luchas sociales y populares del pueblo colombiano han tenido expresiones pacíficas, el contexto de represión militar y de exclusión política y económica ha dado como resultado el levantamiento en armas de diferentes sectores sociales empobrecidos y el surgimiento de las insurgencias hacia mediados del silgo XX. En este sentido, es importante ubicar, en su justo lugar, el surgimiento de los actores políticos armados que, mediante la combinación de varias formas de lucha, han propendido por la toma del poder y la transformación de las estructuras políticas y económicas de la sociedad colombiana. Se trata de un sujeto social y político motivado por propósitos altruistas y que, en el derecho nacional e internacional, es tipificado como un delincuente político, es decir, como un detractor del orden social impuesto siempre que se trate de un orden social injusto.
Sin embargo, el estatus del delito político, que incluye en sus bases jurídicas y filosóficas el reconocimiento y el respeto hacia el oponente político y a su legítimo derecho a disentir, se encuentra, hoy en día, desnaturalizado. Mediante la estrategia de “guerra contra el terrorismo”, quien incurre en el delito político ya no es considerado como un rebelde que busca trasformar la sociedad y que emplea la violencia como último recurso, necesario para instaurar un orden social justo, sino como un terrorista que amenaza la seguridad nacional y mundial del modelo económico capitalista. Esta situación ha desvirtuado la naturaleza política del conflicto armado colombiano y ha intensificado la persecución a los procesos de resistencia popular, reflejada en el incremento de la represión y criminalización de la pobreza, sustentadas por una política criminal cuya regla general es la privación permanente de la libertad.
La crisis carcelaria que vive el país no sólo se refleja por el alto índice de hacinamiento (más del 53%), sino por el incremento exacerbado de violaciones a los derechos de las personas privadas de la libertad y de sus familiares. Hoy en día, el sistema carcelario atraviesa por una grave crisis humanitaria profundizada por la Nueva Cultura Carcelaria que fue impuesta en el país con la firma del Plan Colombia y por medio del cual se han venido militarizando y privatizando las cárceles, afectando los derechos del conjunto de la población reclusa, con graves consecuencias para los presos y detenidas políticas. Esta crisis, ignorada conscientemente por el Estado colombiano, es el resultado del conflicto político y armado y sirve de muro de contención para silenciar las miles de voces de protesta que denuncian las arbitrariedades de quienes históricamente le han robado al pueblo su derecho a vivir dignamente.
En este sentido, y en el marco de la coyuntura actual de los Diálogos de Paz, el Seminario Internacional hace énfasis en tres (3) puntos fundamentales, necesarios para construir paz con justicia social:
1. El reconocimiento y la ampliación de la noción de delito político como un mecanismo central que permita avanzar hacia la solución política y negociada del conflicto.
2. El respeto al pensamiento crítico, al derecho a la protesta y a las diferentes formas organizativas del pueblo colombiano como un derecho a la paz y a la satisfacción integral de los derechos fundamentales.
3. La inclusión, en la agenda de paz, de la solución a la crisis carcelaria, la ratificación del Protocolo Facultativo contra la Tortura y la transformación de la actual política criminal, así como la inclusión de garantías de participación para la población reclusa.
Por eso las diferentes organizaciones que convocamos a este Seminario Internacional nos unimos a la ingente necesidad de rescatar, política e históricamente, la noción de delito político como base para el reconocimiento de las causas que dieron origen al conflicto político y armado. Así mismo, hacemos un llamado al Gobierno Nacional a que muestre una vocación real de paz y agilice los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional – ELN –. Exigimos, también, la asistencia de un representante de los presos y detenidas políticas en la próxima delegación de víctimas en los diálogos de la Habana, Cuba.
Por último, y no menos importante, hacemos un llamado a todo el movimiento social y a la sociedad en general, a apoyar las jornadas de desobediencia pacífica que se están desarrollando en las cárceles del país para que sea decretada la emergencia social carcelaria y se puedan establecer las bases para una verdadera transformación del régimen penitenciario y de la política criminal que lo sustenta.
La desigualdad social, la represión institucional, la falta de garantías para el ejercicio de los derechos fundamentales, la fragilidad de la democracia y la captura del Estado por parte de élites políticas corruptas y excluyentes, así como el despojo de tierras a campesinos, indígenas y afro-descendientes y la explotación de los recursos estratégicos de la nación por parte de las multinacionales con el apoyo de las fuerzas paramilitares, son las causas estructurales que han dado origen al conflicto social, político y armado que lleva más de 50 años en el país. En Colombia la población continúa padeciendo la violencia socio-política de un Estado que implementa varias formas para perseguir, reprimir y eliminar a la oposición, así como para criminalizar la protesta social y popular.
A pesar de que las luchas sociales y populares del pueblo colombiano han tenido expresiones pacíficas, el contexto de represión militar y de exclusión política y económica ha dado como resultado el levantamiento en armas de diferentes sectores sociales empobrecidos y el surgimiento de las insurgencias hacia mediados del silgo XX. En este sentido, es importante ubicar, en su justo lugar, el surgimiento de los actores políticos armados que, mediante la combinación de varias formas de lucha, han propendido por la toma del poder y la transformación de las estructuras políticas y económicas de la sociedad colombiana. Se trata de un sujeto social y político motivado por propósitos altruistas y que, en el derecho nacional e internacional, es tipificado como un delincuente político, es decir, como un detractor del orden social impuesto siempre que se trate de un orden social injusto.
Sin embargo, el estatus del delito político, que incluye en sus bases jurídicas y filosóficas el reconocimiento y el respeto hacia el oponente político y a su legítimo derecho a disentir, se encuentra, hoy en día, desnaturalizado. Mediante la estrategia de “guerra contra el terrorismo”, quien incurre en el delito político ya no es considerado como un rebelde que busca trasformar la sociedad y que emplea la violencia como último recurso, necesario para instaurar un orden social justo, sino como un terrorista que amenaza la seguridad nacional y mundial del modelo económico capitalista. Esta situación ha desvirtuado la naturaleza política del conflicto armado colombiano y ha intensificado la persecución a los procesos de resistencia popular, reflejada en el incremento de la represión y criminalización de la pobreza, sustentadas por una política criminal cuya regla general es la privación permanente de la libertad.
La crisis carcelaria que vive el país no sólo se refleja por el alto índice de hacinamiento (más del 53%), sino por el incremento exacerbado de violaciones a los derechos de las personas privadas de la libertad y de sus familiares. Hoy en día, el sistema carcelario atraviesa por una grave crisis humanitaria profundizada por la Nueva Cultura Carcelaria que fue impuesta en el país con la firma del Plan Colombia y por medio del cual se han venido militarizando y privatizando las cárceles, afectando los derechos del conjunto de la población reclusa, con graves consecuencias para los presos y detenidas políticas. Esta crisis, ignorada conscientemente por el Estado colombiano, es el resultado del conflicto político y armado y sirve de muro de contención para silenciar las miles de voces de protesta que denuncian las arbitrariedades de quienes históricamente le han robado al pueblo su derecho a vivir dignamente.
En este sentido, y en el marco de la coyuntura actual de los Diálogos de Paz, el Seminario Internacional hace énfasis en tres (3) puntos fundamentales, necesarios para construir paz con justicia social:
1. El reconocimiento y la ampliación de la noción de delito político como un mecanismo central que permita avanzar hacia la solución política y negociada del conflicto.
2. El respeto al pensamiento crítico, al derecho a la protesta y a las diferentes formas organizativas del pueblo colombiano como un derecho a la paz y a la satisfacción integral de los derechos fundamentales.
3. La inclusión, en la agenda de paz, de la solución a la crisis carcelaria, la ratificación del Protocolo Facultativo contra la Tortura y la transformación de la actual política criminal, así como la inclusión de garantías de participación para la población reclusa.
Por eso las diferentes organizaciones que convocamos a este Seminario Internacional nos unimos a la ingente necesidad de rescatar, política e históricamente, la noción de delito político como base para el reconocimiento de las causas que dieron origen al conflicto político y armado. Así mismo, hacemos un llamado al Gobierno Nacional a que muestre una vocación real de paz y agilice los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional – ELN –. Exigimos, también, la asistencia de un representante de los presos y detenidas políticas en la próxima delegación de víctimas en los diálogos de la Habana, Cuba.
Por último, y no menos importante, hacemos un llamado a todo el movimiento social y a la sociedad en general, a apoyar las jornadas de desobediencia pacífica que se están desarrollando en las cárceles del país para que sea decretada la emergencia social carcelaria y se puedan establecer las bases para una verdadera transformación del régimen penitenciario y de la política criminal que lo sustenta.
¡Porque la paz son cambios, libertad a los presos y detenidas políticas!
Firman la declaración:
Asociaciones de familiares y amigos de los presos políticos de Colombia
Colectivos de presos políticos de Colombia
Asociación de ex - Detenidos Desaparecidos (AEDD) de la Argentina
Presos Políticos de Palestina
Presos Políticos del País Vasco
Izquierda Libertaria (Chile)
Estudiantes Venezolanos en Solidaridad con los Presos Políticos de Colombia
Organizaciones Internacionales en Apoyo a los Presos Políticos Colombianos
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos,
Universidad Pedagógica Nacional
Congreso de los pueblos
Firman la declaración:
Asociaciones de familiares y amigos de los presos políticos de Colombia
Colectivos de presos políticos de Colombia
Asociación de ex - Detenidos Desaparecidos (AEDD) de la Argentina
Presos Políticos de Palestina
Presos Políticos del País Vasco
Izquierda Libertaria (Chile)
Estudiantes Venezolanos en Solidaridad con los Presos Políticos de Colombia
Organizaciones Internacionales en Apoyo a los Presos Políticos Colombianos
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos,
Universidad Pedagógica Nacional
Congreso de los pueblos
Political Declaration from the International Conference on Political Crime and the Situation of Political Prisoners in Colombia
Bogotá, Colombia October 15 2014
Bogotá, Colombia October 15 2014
More than 600 people from all over the country met in the city of
Bogota the 15th of October, the National Day of the Political Prisoner
and Detainee, to reflect on the peace talks, political crime, and the
situation of political prisoners in Colombia and in the world.
As a result of this conference, family members and friends of the political prisoners from different regions of the country, recognized analysts and researchers, human rights defenders from countries such as Argentina, Chile, Basque Country, Palestine and Venezuela, we declare that:
The social inequality, the institutional repression, the lack of guarantees for the exercise of fundamental rights, the fragility of democracy and the hold over the state by corrupt, exclusive political elites, the forced displacement of peasant, indigenous, and afro-descendant communities from their land with the consequent resource extraction by multinational companies with help from paramilitary forces, are all structural causes at the root of the social, political, and armed conflict that has been going on for more than 50 years in the country. In Colombia the population continues to suffer from the social political violence from a state that implements various forms to persecute, repress, and eliminate the opposition, such as the criminalization of social and popular protest.
In spite of the fact that the social and popular struggles of the Colombian people have had peaceful expressions, the context of military repression, of political and economic exclusion has caused many from different social and impoverished sectors to take up arms and the emergence of the insurgencies in the middle of the 20th century. It is important to contextualize the emergence of political armed actors through the combination of various forms of struggle and that have been proposing taking power and creating a true transformation of political and economic structures of Colombian society. However this social and political subject motivated by altruistic purposes, is treated as a political criminal in national and international law; as a disturber of social order. The status of political crime, that includes its philosophical and juridical bases in the recognition and respect towards the political opponent and their legitimate right to dissent, has been weakened. Through the strategy of “war on terror,” the person who fell into category of political crime, is no longer considered a rebel who looks to transform the society and uses violence as a last resource, necessary to establish a just social order. They are seen as a terrorist who threatens the national and international security of the capitalist economic model. This situation has distorted the political nature of the Colombian armed conflict and intensified the persecution of the processes of popular resistance, which is reflected in the increase in repression and criminalization of poverty, supported by a criminal policy whose general rule is the permanent deprivation of liberty.
The prison crisis that exists in the country is not only reflected in the high rate of overcrowding (more than 53%), but also in the sharp increase in the violations of human rights of the incarcerated people and their family members. Today, the prison system is going through a grave humanitarian crisis exacerbated by the “New Prison Culture” that was imposed in the country through the signing of Plan Colombia by which they have been militarizing and privatizing the prisons, affecting the rights of the entire incarcerated population, with grave consequences for political prisoners and detainees. This crisis, consciously ignored by the Colombian state, is the result of political and armed conflict and serves to silence the thousands of voices of protest that denounce the people who have historically stolen from the people their right to live with dignity.
With that in mind, and given that we are in the actual moment of Peace Talks, the International Conference has emphasized three fundamental points, necessary to construct peace with social justice:
The recognition and development of the notion of political crime as a central mechanism that permits the advancement towards a political and negotiated solution to the conflict.
Respect for critical thinking, to the right of protest, and the different organizational forms of the Colombian people, as a right to peace and the satisfaction of fundamental rights.
To include in the peace agenda: the solution to the prison crisis, the ratification of the Protocol against torture and the transformation of the criminal policy, such as the inclusion of guarantees of participation for the incarcerated population.
Due to this, the different organizations that came together for this International Conference, will assume to task to revive, politically and historically, the notion of political crime as the base for recognition of the causes that are at the base of the political and armed conflict, and an important contribution to the construction of peace with social justice. We also make a call to the National Government to make a real effort at peace and expedite the dialogues with the National Liberation Army (ELN). We also ask for the presence of a representative of the political prisoners and detainees in the next delegation of victims to the talks in Havana, Cuba.
Last but not least, we would like to make a call to all of the social movements and the society in general, to support the acts of civil disobedience that is being developed in the prisons in the country in the month of October so they decree a social emergency in the prisons which can help establish the basis for a true transformation to the prison and jail system and of the criminal policy which sustains it.
As a result of this conference, family members and friends of the political prisoners from different regions of the country, recognized analysts and researchers, human rights defenders from countries such as Argentina, Chile, Basque Country, Palestine and Venezuela, we declare that:
The social inequality, the institutional repression, the lack of guarantees for the exercise of fundamental rights, the fragility of democracy and the hold over the state by corrupt, exclusive political elites, the forced displacement of peasant, indigenous, and afro-descendant communities from their land with the consequent resource extraction by multinational companies with help from paramilitary forces, are all structural causes at the root of the social, political, and armed conflict that has been going on for more than 50 years in the country. In Colombia the population continues to suffer from the social political violence from a state that implements various forms to persecute, repress, and eliminate the opposition, such as the criminalization of social and popular protest.
In spite of the fact that the social and popular struggles of the Colombian people have had peaceful expressions, the context of military repression, of political and economic exclusion has caused many from different social and impoverished sectors to take up arms and the emergence of the insurgencies in the middle of the 20th century. It is important to contextualize the emergence of political armed actors through the combination of various forms of struggle and that have been proposing taking power and creating a true transformation of political and economic structures of Colombian society. However this social and political subject motivated by altruistic purposes, is treated as a political criminal in national and international law; as a disturber of social order. The status of political crime, that includes its philosophical and juridical bases in the recognition and respect towards the political opponent and their legitimate right to dissent, has been weakened. Through the strategy of “war on terror,” the person who fell into category of political crime, is no longer considered a rebel who looks to transform the society and uses violence as a last resource, necessary to establish a just social order. They are seen as a terrorist who threatens the national and international security of the capitalist economic model. This situation has distorted the political nature of the Colombian armed conflict and intensified the persecution of the processes of popular resistance, which is reflected in the increase in repression and criminalization of poverty, supported by a criminal policy whose general rule is the permanent deprivation of liberty.
The prison crisis that exists in the country is not only reflected in the high rate of overcrowding (more than 53%), but also in the sharp increase in the violations of human rights of the incarcerated people and their family members. Today, the prison system is going through a grave humanitarian crisis exacerbated by the “New Prison Culture” that was imposed in the country through the signing of Plan Colombia by which they have been militarizing and privatizing the prisons, affecting the rights of the entire incarcerated population, with grave consequences for political prisoners and detainees. This crisis, consciously ignored by the Colombian state, is the result of political and armed conflict and serves to silence the thousands of voices of protest that denounce the people who have historically stolen from the people their right to live with dignity.
With that in mind, and given that we are in the actual moment of Peace Talks, the International Conference has emphasized three fundamental points, necessary to construct peace with social justice:
The recognition and development of the notion of political crime as a central mechanism that permits the advancement towards a political and negotiated solution to the conflict.
Respect for critical thinking, to the right of protest, and the different organizational forms of the Colombian people, as a right to peace and the satisfaction of fundamental rights.
To include in the peace agenda: the solution to the prison crisis, the ratification of the Protocol against torture and the transformation of the criminal policy, such as the inclusion of guarantees of participation for the incarcerated population.
Due to this, the different organizations that came together for this International Conference, will assume to task to revive, politically and historically, the notion of political crime as the base for recognition of the causes that are at the base of the political and armed conflict, and an important contribution to the construction of peace with social justice. We also make a call to the National Government to make a real effort at peace and expedite the dialogues with the National Liberation Army (ELN). We also ask for the presence of a representative of the political prisoners and detainees in the next delegation of victims to the talks in Havana, Cuba.
Last but not least, we would like to make a call to all of the social movements and the society in general, to support the acts of civil disobedience that is being developed in the prisons in the country in the month of October so they decree a social emergency in the prisons which can help establish the basis for a true transformation to the prison and jail system and of the criminal policy which sustains it.
¡Peace is change, freedom for all political prisoners!
Asociaciones de familiares y amigos de los presos políticos de Colombia
Colectivos de presos políticos de Colombia
Asociación de ex - Detenidos Desaparecidos (AEDD) de la Argentina
Presos Políticos de Palestina
Presos Políticos del País Vasco
Izquierda Libertaria (Chile)
Estudiantes Venezolanos en Solidaridad con los Presos Políticos de Colombia
Organizaciones Internacionales en Apoyo a los Presos Políticos Colombianos
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos,
Universidad Pedagógica Nacional
Congreso de los pueblos
Asociaciones de familiares y amigos de los presos políticos de Colombia
Colectivos de presos políticos de Colombia
Asociación de ex - Detenidos Desaparecidos (AEDD) de la Argentina
Presos Políticos de Palestina
Presos Políticos del País Vasco
Izquierda Libertaria (Chile)
Estudiantes Venezolanos en Solidaridad con los Presos Políticos de Colombia
Organizaciones Internacionales en Apoyo a los Presos Políticos Colombianos
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos,
Universidad Pedagógica Nacional
Congreso de los pueblos